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Columna de Guia y Opinión

CÓDIGO TRIBUTARIO VS LEY DE LA ABOGACÍA.
Por: Pablo Ordoñez Tellez

La vigencia del Nuevo Código Tributario Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, ha introducido en la legislación tributaria boliviana una serie de cambios de relevante importancia. Uno de ellos como se sabe, esta relacionado  con el régimen de impugnación de los actos de la Administración Tributaria, contenido en el Título III de mencionado Código y que ha suprimido abolido el Procedimiento Contencioso Tributario creando un instancia administrativa de solución de disputas, es decir la Superintendencia Tributaria, dejando para el procedimiento Contencioso Administrativo ante la Corte Suprema de Justicia la revisión judicial de los actos administrativos emanados de la Superintendencia.

El procedimiento creado para la sustanciación de los recursos ante la Superintendencia, inicialmente estuvo contenido en el Decreto Supremo No. 27241 de 14 de noviembre de 2003 y que posteriormente fue abrogado por el Decreto Supremo No. 27350 de 02 de febrero de 2004, norma bajo la cual la Superintendencia Tributaria vino desempeñando sus funciones hasta julio pasado.

Finalmente y a fin de adecuar la norma procesal tributaria a los requerimientos constitucionales, se publico la Ley 3092 de 07 de julio de 2005 que incorpora al Código Tributario Ley 2492 el Título V referido a los “PROCEDIMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA Y JERÁRQUICO APLICABLES ANTE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA” dando de esa forma, rango de Ley a dicho procedimiento y dejando sin efecto el Decreto Supremo No. 27350.

Destaca en la redacción de la Ley 3092, la incorporación del Art. 198 que de manera general establece que los Recursos de Alzada y Jerárquicos deberán interponerse ante la Superintendencia por escrito, ya sea mediante memorial o carta simple.

La posibilidad de interponer recursos administrativos mediante carta simple no solo implica la posibilidad de prescindir de los servicios de un abogado sino busca fundamentalmente, que los contribuyentes puedan ejercer materialmente su derecho a la defensa además de dar cumplimiento a los principios de economía procesal e informalidad del proceso administrativo.

No obstante de  lo razonables que podrían parecer los fines perseguidos por el Art. 198, el legislador parece haber olvidado la vigencia de la Ley de la Abogacía contenida en el Decreto Ley No. 16793 de 10 de julio de 1979 que en su Art. 2 que establece de manera muy clara que nadie puede actuar como defensor o patrocinante en procesos judiciales administrativos y otros trámites, sin ser abogado en ejercicio, señalando mas adelante, que ninguna minuta, solicitud o informe legal debe ser admitido por autoridad, judiciales, administrativas, municipal, militar e incluso eclesiástica sin la firma de un abogado patrocinante en ejercicio.

La colisión normativa de la norma comentada y la Ley de la Abogacía es evidente y en la realidad lo que ha logrado ha sido legitimar la prestación de servicios jurídico - tributarios (incluida la impugnación que por definición es estrictamente jurídica) por personas y firmas consultoras ajenas al fuero jurídico, ubicando al profesional abogado y a los estudios de abogados en un marco de total desventaja competitiva en el mercado laboral de los servicios tributarios ya que el ejercicio de la abogacía esta sujeto a normas éticas que establecen la prohibición de acordar honorarios profesionales por montos menores a los fijados por el arancel del Colegio de Abogados, prohibición que por cierto no es aplicable a otros profesionales que se encarguen de dichas gestiones.

Es importante considerar que la impugnación de un acto de la Administración Tributaria, en la mayoría de los casos, demanda un análisis técnico jurídico complejo de varias dimensiones, que debe abarcar no solo los aspectos estrictamente  tributarios, sino los aspectos colaterales como es el caso de las implicaciones de orden penal y sancionatorio y las de naturaleza comercial, considerando la posible acción de derivación de responsabilidad en contra de los terceros responsables  caso que compromete el patrimonio y hasta la libertad de éstos razones suficientes que justifican ampliamente la intervención de un profesional versado en leyes.

Asimismo, el permitir que los contribuyentes puedan ejercer el derecho de defensa personalmente; conlleva potencialmente un perjuicio tan severo como  el no ejercicio del derecho de defensa, teniendo en cuenta que la Administración Tributaria se vale de profesionales especializados en la materia para sostener su actos administrativos caso en el cual un contribuyente se vería sometido a una suerte de desigualdad procesal.

Por todos los argumentos señalados, una revisión del articulo comentado  parece importante, ello a fin de evitar que persista la evidente colisión normativa existente entre el Nuevo Código Tributario y la Ley de la Abogacía.

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